Alicia Romero: “Avanzamos hacia un modelo de financiación con una visión federal”

La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero (Caldes d’Estrac, 1976) recibe a La Vanguardia tras el acuerdo de financiación con el Gobierno firmado el pasado ­lunes.

Sinceramente, ¿está satisfecha con el acuerdo de financiación?

Estoy satisfecha. Los acuerdos nunca son fáciles de conseguir. Llegamos a un pacto de investidura con ERC muy valiente y ambicioso en el que recuperábamos el espíritu del Estatut del 2005, y ahora este acuerdo lo hemos trabajado con el Gobierno central con una actitud muy receptiva. Teniendo en cuenta el contexto político creo que han sido valientes, sabiendo que les generaría muchas críticas, pero hemos puesto sobre la mesa una nueva arquitectura que esperamos que se pueda presentar entre septiembre y octubre.

Por aclarar las cosas, ¿Catalunya tendrá la llave de la caja de lo que pagan sus contribuyentes?

Para mí está claro. Catalunya recaudara todos los impuestos que se generan y con ellos se financiarán los gastos comunes del Estado y el resto se utilizará para financiar nuestras competencias, las homogéneas, las mismas de cualquier comunidad, y las que no lo son, las que tenemos nosotros específicamente y que constituyen nuestra singularidad.

“Quiero subrayar el papel de la vicepresidenta Montero, estamos aquí por su convencimiento”

Pues leído el acuerdo... recuerda la anterior negociación, la del 2009. Una cosa era la aspiración y otra lo que al final se pactó.

Hay diferencias. Entre otras cosas, porque el trabajo que estamos haciendo entre el Ministerio de Hacienda y el departamento está muy alineado. Hay una arquitectura de base que para nosotros es muy relevante y que el Gobierno de España respetará en el modelo que debe someter a una negociación multilateral. Por esa razón hemos sido muy prudentes en el momento de escribirlo. Creo que todos hemos ido evolucionando y avanzamos hacia un modelo de financiación con visión federal. Y quiero subrayar en esto el papel de la vicepresidenta María Jesús Montero. Estamos aquí por su trabajo y por su convencimiento.

Entre el escenario más pesimista que estima un aumento de ingresos de 600 millones para Catalunya y el más optimista que sugiere 25.000 millones que se deriva de la aplicación directa del cupo vasco, ¿cual es su cálculo?

Tenemos el marco político. Todavía no tenemos las cifras y solo las tendremos cuando el Gobierno nos diga cuánto pone de más en el sistema. Hasta entonces es imposible saber cuánto le corresponde de más a Catalunya. En el 2009 inyectó 12.500 millones de euros al conjunto del sistema. Si actualizas esta cifra respecto al IPC acumulado de los dieciséis años transcurridos, estaríamos en torno a los 18.000 millones de euros. Teniendo en cuenta estas cifras, lo razonable serían 20.000 millones para el conjunto del sistema, que permitirían aplicar la nivelación entre las comunidades respetando el principio de ordinalidad. A lo que hay que añadir la quita de la deuda de todas las comunidades.

“Debe haber igualdad en los servicios públicos, pero también tiene que haber diferencias”

Ustedes crearon un equipo que debía calcular esa cifra.

En septiembre entregarán su informe. Son siete expertos de diversas comunidades, entre ellas Madrid, País Vasco, Valencia y Catalunya. Los hemos puesto a trabajar para que lleguen a un punto en común para definir cómo se cuantifica la solidaridad, qué servicios son homogéneos...

Díganos, ¿por qué un ciudadano de Vilanova del Camí, un municipio de la periferia de Igualada con una renta por debajo de la media catalana, debe ser solidario con Andalucía o Extremadura?

Porque formamos parte de un Estado compuesto y la desigualdad de la economía no funciona. Las sociedades tienen que ser lo menos desiguales posible para que funcione bien la economía. De nada sirve tener un territorio muy potente como Catalunya si luego tienes una España pobre. Esto genera ineficiencias. Catalunya quiere liderar la economía, pero también tienen que pasar cosas en España: que la gente se forme, que se creen oportunidades, industrias... Y en segundo lugar hay que poner las cuentas en claro de todos. Con el actual sistema Extremadura recibe 1.000 euros más por habitante que Murcia. ¿Por qué?

¿Y por qué un ciudadano Campillo del Río, muy cerca de Linares, en Jaén, tiene que aceptar que los catalanes disfruten del principio de ordinalidad?

Porque es de justicia. A mayor esfuerzo fiscal y renta per cápita, puedes aportar más, pero este ciudadano de Linares tampoco verá lógico que un catalán reciba menos cuando es el que más aporta. Eso es la ordinalidad. Una nivelación total [de los ingresos que recibe cada autonomía] también puede desincentivar el esfuerzo. Se trata de mantener un cierto equilibrio, una cierta igualdad en los servicios públicos básicos, pero también tiene que haber diferencias.

“Lo que hacen Madrid o Andalucía, bajar impuestos a los ricos, no lo podrán hacer”

No obstante, ustedes son partidarios de establecer un mínimo esfuerzo fiscal.

Esto aparece en el acuerdo. El nuevo modelo debería fijar un suelo de impuestos. Lo que han hecho Madrid o Andalucía, bajar impuestos a los ricos, no lo podrán hacer. Si bajas impuestos perjudicas a los servicios públicos, por tanto, se fija un suelo para que todos seamos capaces de generar unos mínimos ingresos.

En el caso de Catalunya, la voluntad de recaudar todos los impuestos implica reforzar la administración catalana en medios, en conocimiento…

Es un reto gigante. La Agència Tributària de Catalunya tiene 850 trabajadores y gestiona 5.000 millones. Solo gestionar el IRPF a partir del 2026 supondrá gestionar 30.000 millones. Eso significa mucha más gente trabajando y mucho más conocimiento del que ahora tenemos. Y es imposible adquirirlo en tan poco tiempo. Ahora, la Agència Tributària de Catalunya necesita una nueva plataforma tecnológica porque ni la Gaudí ni la Espriu nos sirven. La recaudación del IRPF necesitará, al menos al inicio, la colaboración con la hacienda española. Le voy a poner un ejemplo de nuestra situación: ¿sabe cuántos informáticos tiene la Agencia Tributaria de España en su plantilla? 1.500 informáticos. ¿Sabe cuántos tenemos nosotros en nuestra Agencia? Ninguno. Esta es la situación que nos hemos encontrado. Y, para nosotros, está claro que si tenemos que hacer algo que hacía bien el Estado... o lo hacemos mejor o no lo hacemos. Necesitamos ir poco a poco, con solidez y seguridad.

Pues... al menos los inspectores de Hacienda no parecen muy predispuestos. Incluso dudan de la constitucionalidad del pacto.

Estamos hablando de un acuerdo político. No es inconstitucional modificar la Lofca y que el Estado delegue la gestión del IRPF. Ya estableceremos el alcance de esta delegación. Se necesita una mayoría para lograrlo y aquí también hago un llamamiento a Junts, que ahora habla de concierto económico, pero en su programa electoral hablaba de reformar la Lofca. Espero que se sumen. Está bien soñar, pero también hacer cosas.

ERC tampoco parece muy ­satisfecha.

ERC tiene que ser exigente y exigir que el 100% de lo que firmó con el PSC aparezca. ¿Aparece? Sí. Entiendo que ERC querría que en el acuerdo apareciera la ordinalidad y no en el preámbulo, pero llegamos hasta donde se podía llegar con el convencimiento de que el Gobierno, cuando presente el modelo, lo respetará.

Dos preguntas más: Bruselas ha advertido a España sobre sus condiciones a la opa del BBVA sobre Banc Sabadell.

Respetamos lo que dice la UE, pero creemos que el Gobierno ha actuado correctamente defendiendo no solo al Sabadell como entidad sino lo que representa. Solo se han puesto condiciones, no se ha impedido la opa.

La última. En el escenario presupuestario de la UE se ponen en cuestión los fondos regionales.

Esperamos que esto cambie y que el peso de las regiones aparezca porque creemos que estamos perdiendo fuerza. La negociación es larga. Vamos a trabajar en esto con otras regiones.